Contraloría detecta graves irregularidades en Municipalidad de La Higuera y envía antecedentes a Fiscalía

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La Contraloría Regional de Coquimbo emitió el informe final sobre la situación financiera y presupuestaria de la Municipalidad de La Higuera, revelando serias irregularidades en la gestión de fondos, el registro de hechos económicos, y el manejo de documentos tributarios. El informe, que abarca desde la situación al 31 de diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, detalla una serie de problemas deficiencias en el control interno y la falta de cumplimiento con la legislación vigente en materia de contrataciones públicas.

La auditoría se inició tras denuncias que apuntaban a irregularidades en los procedimientos de adquisiciones, la gestión de facturas y la relación del municipio con empresas de factoring.

Problemas en las cuentas y el presupuesto

A pesar de contar con un balance de ejecución presupuestaria, la Contraloría concluyó que no es posible determinar si la municipalidad presenta un déficit o superávit presupuestario, ya que las cuentas carecen de veracidad y confiabilidad. El informe también destaca que la inexistencia de análisis de cuentas imposibilita calcular si el municipio tiene un déficit o superávit de caja.

El informe revela que la municipalidad no registró de manera correcta $87.882.273 en bienes y servicios adquiridos en 2023, afectando gravemente la deuda flotante y distorsionando los pasivos registrados. Además, se descubrió que durante los primeros tres meses de 2024 se pagaron facturas de 2020, 2021 y 2022 por un monto de $5.030.902, lo que compromete aún más el presupuesto municipal de este año.

Facturas por servicios no prestados y posible fraude

La Contraloría destaca serias irregularidades en la contratación de bienes y servicios por parte de la Municipalidad de La Higuera. Se comprobó que se realizaron contrataciones mediante trato directo, violando lo estipulado en la ley N° 19.886 y su reglamento, por lo que sugiere que la administración municipal ajuste sus procedimientos conforme a las normativas vigentes y al Manual de Procedimientos de Adquisiciones aprobado en 2022.

En este sentido, corrobora lo que publicó El Comunal el 25 de marzo de 2024, señalan que las empresas Agrocomercial Ibiza SpA y Comercial AMT SpA emitieron facturas por un total de $1.407.197.434, que supuestamente corresponden a la compra de pellets. Sin embargo, estas facturas no reflejan servicios efectivamente prestados. Al menos 12 de estas facturas fueron cedidas a entidades de factoring por un total de $1.180.580.722.

El informe menciona que “estas órdenes de compra fueron emitidas por el Jefe de Contabilidad y Finanzas, entre los días 28 y 29 de noviembre de 2022”, y que “las cotizaciones de Comercial AMT y Agrocomercial Ibiza fueron entregadas de manera impresa por don Yerko Galleguillos Ossandón” al encargado de Contabilidad con el fin de ‘probar el producto’.

Para investigar el involucramiento de funcionarios municipales en el proceso de factorización de las facturas, se solicitó información a varias empresas de factoring. El informe confirma que “en cinco oportunidades, el Jefe de Contabilidad y Finanzas, don Marcelo Araya Luna, dio conformidad a la recepción de los bienes a las distintas empresas de factoring… a pesar de que, de las validaciones practicadas, lo anterior no aconteció”.

El documento resalta deficiencias en el control y monitoreo de las adquisiciones en el municipio, y destaca que “el proceso de adquisición fue realizado únicamente por el Jefe de Contabilidad y Finanzas, sin la participación de las unidades requeridas de Administración y Finanzas del municipio”.

En declaraciones realizadas el 2 y 10 de julio de 2024, tanto doña Polette Chávez Ayala, Directora de Administración y Finanzas, como doña Marjorie Melo Vega, encargada de Emergencia, manifestaron desconocer el contrato de abastecimiento y la carta enviada por don Yerko Galleguillos Ossandón. Igualmente, don Marcelo Araya Luna, en declaraciones de los días 2 y 22 de julio de 2022, afirmó no haber recibido el contrato en la municipalidad ni tener conocimiento de la carta enviada por la autoridad comunal. Sin embargo, las declaraciones de Araya no se alinean con la documentación presentada a la Contraloría por la empresa de factoring Servicios Financieros Progreso S.A., que incluye un correo electrónico de fecha 12 de enero de 2023, enviado por doña Mirian Aguilar, verificadora de cobranza de factoring, dirigido a la municipalidad.

En este correo, se informa que el proveedor Agrocomercial Ibiza estaba cediendo en crédito la factura N° 149 y se adjuntan documentos como la orden de compra ID 3707-82-SE22, el acta de recepción y el contrato de abastecimiento, con el objetivo de que Marcelo Araya confirmara la recepción conforme de los insumos. El análisis del correo electrónico, enviado el 12 de enero de 2023, revela que el mencionado funcionario sí tuvo conocimiento del contrato de abastecimiento suscrito por don Yerko Galleguillos Ossandón, Alcalde de la Municipalidad de La Higuera, y Agrocomercial Ibiza SpA. Se establece, además, que la emisión de la orden de compra N° 3707-382-SE22 no tenía la intención de probar pellets de cabra, sino de respaldar el convenio de abastecimiento protocolizado en la ciudad de Curicó.

En este contexto, el informe sostiene que “no resulta procedente que la autoridad comunal haya suscrito en otra comuna y ante notario, un contrato que debió haberse ajustado a la normativa contenida en la ley N° 19.886 y su reglamento, establecido en el decreto N° 250 de 2004”.

Asimismo, el informe destaca que Factoring Banpro informó, mediante un correo electrónico del 15 de abril de 2024, que el alcalde de La Higuera se presentó sin previo aviso en las oficinas de la empresa el 2 de junio de 2023, manifestando su intención de que se pagaran los documentos adeudados. Además, señaló que había sostenido una reunión en Rancagua con el proveedor Agrocomercial Ibiza SpA., comprometiéndose a hacerse cargo de la deuda. Posteriormente, el 16 de junio de 2023, el alcalde acudió nuevamente a las oficinas del Factoring para informar que se pagaría la deuda en su totalidad, dejando como contacto su número de celular al gerente de normalización. De estos hechos se desprende que la autoridad comunal actuó en favor de Agrocomercial Ibiza para mediar en los pagos entre el proveedor y el factoring. A pesar de que la Contraloría solicitó la comparecencia del alcalde Yerko Galleguillos Ossandón en julio y agosto de 2024, no respondió a los requerimientos. Esta situación contraviene la normativa y jurisprudencia administrativa vigente, que establece el deber de cumplir con el principio de probidad en el ejercicio de funciones públicas, según lo estipulado en el artículo 8° de la Constitución.

Funcionarios Municipales y la Factorización de Documentos Tributarios

En el contexto de la investigación sobre las irregularidades en la factorización de documentos tributarios emitidos por Agrocomercial Ibiza y Comercial AMT, se indagó profundamente en la posible participación de funcionarios de la municipalidad de La Higuera. Para ello, se solicitó información a diversas empresas de factoring, como Banco Santander, Baninter, Banpro Factoring S.A., Cumplo Chile SpA, Servicios Financieros Siete Cumbres, Servicios Financieros Progreso S.A., Fivana SpA y Logros Servicios Financieros SpA.

Uno de los correos más reveladores provino de Banpro Factoring S.A., donde el Jefe de Contabilidad y Finanzas, Marcelo Araya, confirmó la recepción de productos asociados a las facturas electrónicas N° 128 y 129, por montos de $20.300.210 y $37.700.390, respectivamente. Sin embargo, Araya Luna aclaró que la orden de compra ID 3707-382-SE22 fue emitida con un valor genérico de $14.500 (IVA incluido) por la falta de cuantificación de los beneficiarios finales. La situación se complica aún más con la firma y el timbre del encargado de bodega municipal, Miguel Moreno Zambra, quien declaró que la municipalidad no resguarda pellets, ya que son entregados directamente a los beneficiarios.

La documentación revela también la participación de Marcelo Araya en la recepción de facturas. En un correo enviado a Cumplo Chile SpA, este funcionario acreditó la recepción de la factura electrónica N° 134, por un total de $52.200.540, estableciendo una fecha de pago de 30 días. De manera similar, a través de Baninter S.A., confirmó la recepción de la factura N° 126, por $53.650.555, donde también se especificó que no había notas de crédito pendientes, estableciendo un plazo de pago de 30 días.

Por otro lado, Logros Servicios Financieros SpA. también informó que Marcelo Araya confirmó la recepción de las facturas electrónicas N° 72 y 73, por $59.011.386 y $23.183.045, respectivamente. No obstante, en los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), solo aparece la cesión de la factura N° 73.

Asimismo, la empresa Servicios Financieros Progreso S.A., que presentó un correo de Marcelo Araya en el que confirmaba la recepción de la factura N° 149, por $61.625.638, además de evidenciar que dicho documento se había contabilizado y su pago programado para el 28 de febrero de 2023.

Además, se identificaron documentos titulados “Recepción de Pedido” con membrete de la municipalidad, que llevaban la firma y el timbre del Alcalde y del Director de Administración y Finanzas. Sin embargo, al ser consultadas sobre su validez, tanto Polette Chávez Ayala como Marjorie Melo Vega negaron conocer estos documentos, afirmando que la municipalidad no utiliza dicho formato para la recepción de productos.

Marcelo Araya, en su defensa, argumentó que la aceptación de estas facturas fue un “error”, aclarando que no correspondían a los productos de Agrocomercial Ibiza, sino a MacAlimentos SpA. Sin embargo, el análisis de las comunicaciones demuestra que el Jefe de Contabilidad y Finanzas de la municipalidad otorgó conformidad a la recepción de bienes a las distintas empresas de factoring a través de múltiples correos electrónicos, lo que pone de manifiesto una conducta reiterativa.

La doble facturación de Rubén Berríos Ávila

En el análisis de las facturas emitidas por Berríos a la Municipalidad de La Higuera se comprobó la existencia de cinco documentos tributarios duplicados, tal como lo publicó El Comunal el 15 de abril de 2024. Estos documentos, correspondientes a los estados de pago por las obras realizadas, presentan la misma glosa, pero difieren en montos y fechas. Así, el contratista logró facturar al municipio en dos ocasiones por cada estado de pago: uno fue efectivamente saldado por la entidad edilicia, mientras que el otro fue cedido a empresas de factoring.

Un correo de Sebastián Argandoña, funcionario de la Dirección de Obras Municipales, del 15 de diciembre de 2022, confirma la recepción de la factura N° 597, datada el 30 de junio de 2022, junto con los servicios prestados. Este correo incluye una copia del documento, que cuenta con timbre y firma.

Sin embargo, al ser citado para declarar sobre esta irregularidad, Argandoña Romero informó, mediante un correo electrónico del 19 de agosto de 2024, que no podría presentarse debido a problemas médicos.

Por otro lado, se obtuvo un correo de José Miguel Banda Miranda, abogado de la Municipalidad de La Higuera, dirigido a la empresa Factoring Simpli el 19 de enero de 2024. En este mensaje, Banda Miranda solicita organizar una reunión con quienes tienen capacidad de decisión para buscar una solución respecto a las facturas en cuestión. Este intercambio indica que la reunión contaría con la participación de Rubén Berríos Ávila, y que el alcalde Yerko Galleguillos Ossandón estaba al tanto de ello.

Contratación de José Miguel Banda Miranda para la Defensa de la Municipalidad de La Higuera

De acuerdo con el informe de la Contraloría, el 4 de octubre de 2023, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos Ossandón, formalizó la contratación del abogado José Miguel Banda Miranda, domiciliado en Rancagua, mediante un mandato judicial ante notario público, registrado con el repertorio N° 43025-2025, tal como lo informó El Comunal el 25 de marzo de 2025. Esta decisión fue motivada por la necesidad de representación legal en demandas presentadas por empresas de factoring.

El informe también detalla que, a través de su mandato, Banda Miranda ha estado involucrado en diversas causas judiciales que la Municipalidad de La Higuera enfrenta, específicamente en relación con las facturas N° 591, 597 y 612 emitidas por la empresa Rubén Berríos Ávila, sumando un total de $731.944.134. Adicionalmente, se constató que ha actuado como defensor de este último, quien cedió las mencionadas facturas a empresas de factoring, generando litigios contra el municipio.

En un correo electrónico enviado el 11 de junio de 2024 por Laura Flores Díaz, encargada de personal (S), se indica que durante el año 2023 no existía un vínculo contractual formal entre la municipalidad y Banda Miranda. Según la Contraloría, esto se aparta del principio de control establecido en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, que exige a la administración pública observar un control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de sus organismos.

Por último, el informe de la Contraloría señala que la representación simultánea de Banda Miranda para la municipalidad y para Rubén Berríos Ávila en distintas causas judiciales provoca un conflicto de interés, comprometiendo la imparcialidad en los procedimientos judiciales en curso.

Informe enviado a la Fiscalía

El informe fue enviado a la Alcaldesa (S), al Secretario Municipal y al Director de Control de la Municipalidad de La Higuera. Además de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Fiscalía Local de La Serena para que investigación las irregularidades detectadas en la gestión municipal, con el fin de esclarecer los hechos y tomar las acciones legales pertinentes. También se notificará al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos y a los denunciantes involucrados.