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Lo que arriesgan los concejales de La Higuera por no fiscalizar al alcalde: son codeudores solidarios
En medio de las demandas judiciales que enfrenta la municipalidad de La Higuera, un aspecto legal que podría afectar directamente a los concejales de esta comuna, quienes podrían enfrentar serias implicaciones legales como codeudores solidarios debido a su falta de fiscalización sobre las acciones del alcalde.
Luego del fallo de la Corte Suprema, en contra de alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), quien deberá cumplir con una orden de arresto por no cumplir con el pago de una factura cedida a factoring, la situación se pone más complicada, ahora también para los concejales.
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En medio de las demandas judiciales que enfrenta la municipalidad de La Higuera, un aspecto legal afecta directamente a los concejales de esta comuna, quienes podrían enfrentar serias implicaciones legales como codeudores solidarios debido a su falta de fiscalización sobre las acciones del alcalde.
Luego del fallo de la Corte Suprema, en contra de alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), quien deberá cumplir con una orden de arresto por no cumplir con el pago de una factura cedida a factoring, la situación se pone más complicada, ahora también para los concejales.
Según la ley orgánica constitucional de municipalidades, los concejales tienen la responsabilidad de fiscalizar la gestión del alcalde y garantizar que las acciones municipales se ajusten a las normas y regulaciones establecidas. Sin embargo, hay antecedentes que indican que los concejales no habrían cumplido con esta responsabilidad, ya que aprobaron un presupuesto que no incluía las deudas pendientes ni las demandas existentes, y no tomaron medidas correctivas para abordar las deficiencias en las finanzas municipales.
El artículo 81 de la citada ley señala que “el concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.
Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde.
Si el concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso anterior y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no propusiere las modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad”.
En este sentido, podrían ser considerados codeudores solidarios de las deudas municipales, lo que significa que serían legalmente responsables junto con el alcalde de garantizar el pago de las obligaciones financieras de la municipalidad.
Esta situación podría tener graves consecuencias para los concejales, ya que podrían ser sujetos a acciones legales y enfrentar demandas por el incumplimiento de sus deberes. Además, podrían ser responsables de la parte deficitaria que resulte de la ejecución presupuestaria municipal al final del año, tal como lo establece la ley.
Hasta el momento y desde que se destapó la compleja situación legal por la que enfrenta el municipio de La Higuera, solo ha sido posible corroborar que el concejal Óscar Avilez (IND) es el que ha solicitado más información en sesiones del concejo, además de realizar otras gestiones en instancias regionales. Además de Avilez, se ha unido a la solicitud de información en la instancia municipal Freddy Bremer (UDI).
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