Pescadores indignados y en alerta tras decreto que crea el Área Marina Birregional

Existen tres recursos judiciales pendientes en la Corte de Apelaciones de La Serena, pese a la publicación en el Diario Oficial del decreto que crea el Área Marina Costera de Múltiples Usos (AMCP-MU) “Archipiélago de Humboldt”. Ante ello, los pescadores artesanales e industriales de La Higuera y Coquimbo se manifestaron en alerta, pues estiman que más de 3.500 puestos de trabajo pueden verse comprometidos.

En ese sentido, los trabajadores de mar reiteraron una serie de irregularidades en la forma cómo se llevó el proceso de elaboración, pues no contó con la debida participación ciudadana, ni consideró la opinión de actores claves, como tampoco la posible afectación de derechos constitucionales adquiridos para ejercer la actividad pesquera, la que vienen desarrollando hace décadas, anomalías que incluso fueron advertidos por servicios públicos y centros de estudios.

Ello en medio de las altas cifras de desempleo en la región de Coquimbo, ya que el 10,5% de desocupación registrada durante el trimestre móvil agosto-octubre del año en curso, la sigue posicionando a la zona con la mayor cesantía en Chile. “Esto amenaza, limita y prohíbe nuestra actividad pesquera que desarrollamos de manera sustentable con el medio ambiente y cuidando los recursos del mar hace más de 30 años. El gobierno determina normas sin los antecedentes ni la participación de las personas que viven en los territorios”, indicó Raúl Julio, presidente del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte de la comuna de La Higuera.

A través de dos recursos de protección, que se encuentran en trámite en tribunal de alzada serenense, los pescadores de Totoralillo Norte, Caleta Los Hornos y Chungungo creen que un 65% de los trabajadores de mar, mariscadores y buzos de toda la comuna de La Higuera pueden verse perjudicados con la medida.

Dichos antecedentes fueron presentados -a través de cartas- a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quién omitió las advertencias al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, ya que no fueron incorporadas al expediente administrativo que se tuvo a la vista en la sesión del 11 de agosto pasado.

Para Jorge Cabrera, vocero del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, la aprobación del AMCP-MU está viciada “por sesiones del Consejo de Ministros que fueron interrumpidas, sin consenso, con entrega de información parcial y errónea, y con algunos de sus miembros incluso pidiendo postergarla”.

Cabe recordar que Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Cuarta Región (AIP) y la Federación de Trabajadores de Mar (Fetramar) Elqui interpusieron un tercer recurso de protección ante el tribunal de alzada serenense, pues extraen recursos en comuna de La Higuera.

En cuanto a la AIP, la pesca aporta unos 1.000 empleos, entre personas que se desempeñan en embarcaciones, los planteles y las empresas que prestan servicios de alimentación, aseo, mantenimiento mecánico, electricidad y transporte, entre otras. En 2016, esta asociación fue certificada bajo el sello MSC (Marine Stewardship Council) como pesquera sustentable, y fue la primera organización industrial de Chile en obtener esa acreditación internacional, la que asegura que los productos son sanos, desde el punto de vista biológico y ecosistémico. “La pesca de crustáceos se realiza hace más de 35 años y entrega empleos estables y formales durante casi la totalidad del año, constituyéndose en una de las principales fuentes de trabajo”, sostuvo el escrito del abogado Jorge Osorio.

Por su parte, Fetramar Elqui representa a 20 organizaciones de pescadores artesanales de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros, agrupando a unos 2.435 socios que desarrollan la actividad entre Caleta Los Hornos y Chungungo. Son unas 190 embarcaciones comprometidas, donde trabajan hasta 10 tripulantes”, agrega Osorio.

Dichas falencias han sido advertidas por servicios públicos y centros de estudios. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte indicó que los polígonos del AMCP-MU hacen imposible la fiscalización efectiva de la autoridad marítima, contraviniendo las recomendaciones internacionales que indican que se deben evitar límites complejos. Asimismo, también insinuó que no hubo consulta formal a organizaciones de pesca de ambas regiones, ni a las comunidades del pueblo chango, a pesar que algunos de ellos estuvieron en los talleres de socialización.

Por su parte, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza) consideró de “suma importancia” fortalecer la participación ciudadana y de autoridades, a través de una consulta formal a las organizaciones de pesca. En tanto, la Armada de Chile fustigó que la zona presenta un alto tráfico de embarcaciones asociadas a la pesca artesanal con puntos de fondeo en zonas aledañas a islotes, donde existen otorgamientos legales, reglamentarios y administrativos de distintas autoridades sectoriales que entregaron derechos a particulares y agrupaciones sociales, de carácter marítimo y pesquero, “que han invertido importantes recursos económicos e investigativos”.