La ilegal jugada de un grupo de vecinos contra el APR de La Higuera

Desde hace tiempo que los conflictos surgidos por la administración del Comité de Agua Potable Rural de La Higuera están generando diversos hechos y comentarios. Y es que luego de dar a conocer una auditoría que se realizó al comité, se determinó la ausencia de más de $45 millones, lo que está siendo investigado por la justicia para esclarecer a dónde fueron a parar esos recursos.

Esa auditoría y posterior querella, además del despido de los anteriores operadores, motivó a un grupo de personas a generar una verdadera lucha contra la actual directiva (que se ha reducido en número por la renuncia de algunos miembros) porque el polvo que ha levantado ha sido mucho y habría muchos responsables.

En los últimos días, ese grupo de vecinos juntó firmas para solicitar la destitución de la directiva e incluso realizaron un supuesta asamblea con 20 socios, en tiempo de pandemia y donde los aforos están limitados por medidas sanitarias, para elegir a una comisión electoral con el objetivo de llamar a elecciones en los próximos días. Lo curioso es que entre los firmantes de la carta había diversos funcionarios municipales, la concejala de la UDI Beatriz Hernández e Inés González, ex directiva del APR.

El documento de esa reunión, con la elección de la comisión electoral fue enviada al Secretario Municipal, Mario Pizarro, quien visó sin problemas, para dar curso a la elección.

Sin embargo, todo lo que habían realizado es ilegal. Ya que en la nómina de esa reunión se involucran a personas que son socios y otras que no lo son y en las asambleas sólo pueden participar socios de la APR, sin considerar, además, que en la actual situación de pandemia están prohibidos todo de tipo de reuniones presenciales donde se supere los aforos permitido. Incluso, toda convocatoria a Asamblea extraordinaria la efectuara el presidente del directorio o por al menos el 25% de los afiliados, con una anticipación mínima de cinco días hábiles de la fecha de realización, de acuerdo a la ley.

Asimismo, el supuesto comité electoral no cumple con los requisitos legales ni estatutarios y habría diversas personas que aparecen firmando que han señalado su intención de no participar en una elección por darse cuenta que es ilegal, desde su origen.

En una declaración del APR, señalan que “en la revisión de toda la documentación presentada se detectaron firmas falsificadas de socios, lo cual es un delito y será denunciado por las vías legales que existen”, que “hay personas que aparecen en el listado como asistentes que señalan no haber estado en reunión sino que su firma fue obtenida en su casa aduciendo otros motivos”, y que “la directiva de la APR no ha podido hacer ningún tipo de reunión por cuanto la normativa sanitaria por COVID impide hacer reuniones públicas”.

Agregan que “hay que considerar además que cualquier tipo de elecciones deben ser postergadas hasta el término del Estado de Excepción Constitucional, conforme a lo establecido en la Ley 21.239; que los aforos en tiempo de pandemia impiden hacer asambleas de elecciones, de lo cual el Ministerio de Salud está al tanto de ésta citación a elecciones que hizo un grupo de personas, no siendo procedente, de lo cual se informó a la Seremi de Salud en La Serena, quien procederá a realizar una investigación”.

La duda que se genera con esta acción para remover a la directiva debe ser resuelta y determinar si es por un mal manejo del APR y del cuidado de los recursos que pertenecen a todos los socios o si tiene algún fin político de fondo. Además, es necesario que se esclarezca que en el caso de elegirse una nueva directiva, continuará con la querella para que se esclarezca la falta de esos $45 millones o la retirarán para que todo quede impune.