Concejo Municipal de La Higuera aprobó avenimiento con quien también factorizó facturas falsas en otras municipalidades

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En una decisión que podría tener implicaciones de largo alcance, el Concejo Municipal de La Higuera aprobó, el 8 de agosto pasado en sesión extraordinaria, un avenimiento con Rubén Berríos Ávila, empresario cuya conducta también ha generado controversia en otros municipios, como Peumo, en la Región de O’Higgins.

La votación resultó empata con votos a favor los concejales de la UDI Ivana Godoy, Roquer González y Freddy Bremer, y los votos en contra de Óscar Avilez (IND), Jorge González (IND) y Urbano Morales (PC). El empate en la votación inicial fue desempatado a favor del acuerdo por la concejala Ivana Godoy (UDI), quien presidía el concejo, lo que permitiría a Berríos eludir una mayor responsabilidad en la crisis que ha sacudido a la comuna.

Un patrón recurrente de irregularidades

El caso de Peumo es similar a la situación crítica que enfrenta La Higuera, debido a la participación de Rubén Dagoberto Berríos Ávila y Tanner Servicios Financieros S.A. en ambos contextos. En ambos casos, las municipalidades han enfrentado problemas con facturas emitidas por Berríos, que posteriormente fueron cedidas a factoring para su cobro, desatando una serie de conflictos legales.

En Peumo, Rubén Berríos Ávila también estuvo involucrado en un conflicto judicial por facturas fraudulentas, con el mismo patrón en su modus operandi. En esa comuna, las facturas emitidas por Berríos fueron fuertemente impugnadas por la municipalidad, que argumentó que nunca recibieron los servicios facturados y que las facturas eran fraudulentas.

La Municipalidad de Peumo respondió a la demanda presentada por Tanner, argumentando que la factura N° 588 era fraudulenta y carecía de causa lícita. Según la municipalidad, los servicios detallados en esta factura habían sido pagados previamente a través de la factura N° 574. Además, alega que la factura es parte de un esquema delictivo más amplio, donde se emiten facturas por servicios ya pagados con la intención de defraudar al municipio.

Mientras tanto, en La Higuera, el alcalde no tomó ninguna acción hasta recibir órdenes de arresto, lo que contrasta con la respuesta activa de la municipalidad de Peumo. Las advertencias sobre el deterioro financiero fueron ignoradas, lo que llevó a una serie de problemas graves. La situación se agravó con la emisión de órdenes de arresto contra el alcalde Yerko Galleguillos debido a su incumplimiento de órdenes judiciales, así como los embargos sobre un terreno en Chungungo y las subvenciones escolares. Además, la comuna enfrenta demandas millonarias relacionadas con contratos de factoring irregulares.

¿Un aval implícito a prácticas reincidentes?

La aprobación del avenimiento por parte del Concejo Municipal de La Higuera podría interpretarse como un aval implícito a las prácticas de Berríos, quien ahora se ve eximido de mayores responsabilidades en el caso particular de La Higuera. A pesar de la auditoría interna que señalaba la posible existencia de una red de corrupción que involucraría a proveedores como Berríos y a funcionarios municipales, la decisión del concejo parece darle un respiro al empresario.

Esta situación ha aumentado las críticas a las autoridades locales sobre su compromiso en proteger los intereses de la comuna. A diferencia de Peumo, donde se cuestionó vigorosamente la legitimidad de las facturas, en La Higuera se optó por un camino que podría interpretarse como un intento de minimizar el conflicto, aunque a costa de la transparencia y la rendición de cuentas.

La decisión del concejo, particularmente en un contexto donde Berríos ya ha sido demandado por otros municipios por prácticas similares, podría tener repercusiones, donde tendría que aclararse si el concejo municipal de La Higuera validó un esquema de operaciones fraudulentas con la aprobación del avenimiento.

¿Qué dice el avenimiento?

El avenimiento, presentado por los abogados Gregorio Rodríguez Jaure, en representación de la municipalidad, y Ricardo Antonio Vargas Crespo, en representación de Berríos, busca poner fin al juicio en que la Municipalidad demandó a este último, mediante una serie de acuerdos que incluyen:

1. Reconocimiento de Inexistencia de Facturas: Berríos reconoce que las facturas en cuestión no corresponden a ningún servicio ni trabajo realizado y que fueron emitidas “por error” sin consentimiento de la Municipalidad de La Higuera.
2. Responsabilidad de Deudas: Rubén Berrios Ávila reconoce su deuda con varias empresas de factoring y se compromete a asumir todas las responsabilidades derivadas de las facturas emitidas por error.
3. Reembolso y Costas: Berrios Ávila se compromete a reembolsar a la Municipalidad de La Higuera los costos procesales y los gastos incurridos en el juicio.
4. Condiciones de Aprobación: El avenimiento estará sujeto a la aprobación del Tribunal y no implicará reconocimiento de responsabilidad civil o penal por parte de Rubén Berrios Ávila.

En el texto del avenimiento, se afirma que las facturas de Rubén Berríos fueron emitidas “por error”, sin embargo eso es puesto en duda por la auditoría interna firmada por el director de Control, Juan Antonio Rojas Somerville, la cual sugiere la posible existencia de una red de corrupción involucrando a proveedores de servicios inexistentes y a funcionarios y autoridades municipales. La auditoría señala que “nos encontremos en presencia de una red de corrupción que esté conformada por los mencionados proveedores de servicios inexistentes y uno o más funcionarios o autoridades municipales. Este hecho, difícil de comprobar en la especie, implicaría probablemente la comisión de delitos de cohecho y soborno, hechos que constituirían una vulneración grave al principio de probidad administrativa”. Además, se menciona la participación de los funcionarios Argandoña Romero y Araya Luna en el proceso de las facturas cuestionadas.

Tribunal aprobó avenimiento

El 16 de agosto de 2024, el Primer Juzgado de Letras de La Serena aprobó el avenimiento entre la Ilustre Municipalidad de La Higuera y Rubén Berríos Ávila en la causa Rol C-2299-2024. La resolución del tribunal ratifica el acuerdo alcanzado por las partes y lo considera como una sentencia definitiva para todos los efectos legales. Esta decisión se produjo tras los escritos presentados el 6 y 12 de agosto de 2024, que fueron revisados y aprobados por la jueza.