Municipio de La Higuera presentó recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar arresto de Galleguillos

La Municipalidad de La Higuera interpuso, el 27 de junio de 2024, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en un intento por impedir el arresto del alcalde Yerko Galleguillos en medio de la crisis administrativa y financiera sin precedentes por la que atraviesa. Este recurso fue presentado por el abogado José Miguel Banda Miranda.

La presentación de este recurso ocurre en el marco de un procedimiento judicial en curso en el Primer Juzgado de Letras de La Serena, bajo la causa “Tanner Servicios Financieros S.A. / Ilustre Municipalidad de La Higuera”, Rol C-2500-2022, la cual representa la deuda más alta entre todas las demandas contra el municipio. Este proceso ejecutivo busca el cobro de $426.529.124, más intereses y costas, mediante medidas coercitivas contra la municipalidad. Sin embargo, el 09 de enero de 2024 solicitaron la liquidación de la deuda, subiendo a $557.458.806.

El recurso argumenta que la Ley 19.845, que modificó el artículo 32 de la Ley N°18.695, no cumplió con el control preventivo de constitucionalidad requerido para las leyes orgánicas constitucionales. Se sostiene que esta modificación legislativa no consultó previamente a la Corte Suprema, lo cual es esencial para asegurar la compatibilidad de las leyes con la Constitución. También, se argumenta que las disposiciones impugnadas violan varios artículos constitucionales, incluyendo el artículo 19 N° 1, que protege la integridad física y psíquica de las personas y prohíbe la aplicación de apremios ilegítimos, así como el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que proscribe la privación de libertad por deudas.

Asimismo, busca desligar la responsabilidad de Galleguillos con la deuda municipal, señalando que no es el deudor, sino solo el representante del municipio. En este sentido, cuestiona la inconstitucionalidad de las disposiciones legales, indicando que la aplicación de medidas de apremio contra el alcalde por deudas municipales implica una intervención lesiva y desproporcionada en sus derechos fundamentales, ya que él no es el deudor directo. La deuda pertenece a la municipalidad, y no al alcalde a título personal.

Por otra parte, la municipalidad ha solicitado la suspensión del procedimiento, con el objeto de evitar que se resuelva y falle la gestión sin previo pronunciamiento sobre la inaplicabilidad de los preceptos legales impugnados. Esta solicitud se fundamenta en la naturaleza jurídica del procedimiento ejecutivo de cobro de facturas, que se encuentra en la etapa de apremio, ordenando al alcalde dictar el decreto alcaldicio de pago de la suma adeudada bajo apercibimiento de arresto.

El argumento principal para la suspensión es la concurrencia del “peligro en la demora” y del “fumus bonis iuris” (humo de buen derecho), que son condiciones necesarias para la protección cautelar. La naturaleza jurídica del procedimiento de apremio, caracterizado por su rapidez y efectividad, genera una afectación grave y una severa limitación a la libertad personal y seguridad individual del alcalde. La solicitud destaca que la deuda ha sido reducida mediante abonos de cien millones de pesos, los cuales no se encuentran actualizados en alguna liquidación que tendría que hacer el tribunal inferior, previo a decretar cualquier medida de apremio, comprometiendo así el patrimonio municipal sin causa o motivo legal.

Sin embargo, sobre ese abono de $100 millones, Francisco Bañados, abogado de Tanner Servicios Financieros S.A., respondió al tribunal el 10 de abril de 2024 sobre la solicitud de la Municipalidad de La Higuera para cancelar la orden de arresto contra el alcalde. En su respuesta, Bañados solicita que se rechace, argumentando que no han pagado la deuda relacionada con la factura cedida, ya que si bien la municipalidad mencionó un pago de $100 millones, este pago pertenece a otra causa de Rubén Berríos y no está relacionado con la deuda municipal que Tanner está cobrando. Destaca, además, que esta empresa es la legítima dueña de la deuda y tiene el derecho de cobrarla, y que la municipalidad no ha realizado ningún pago directo a ellos hasta la fecha.

El Tribunal Constitucional deberá ahora revisar el recurso presentado y decidir sobre la solicitud de inaplicabilidad de los artículos mencionados, lo que podría tener repercusiones fundamentales para la interpretación y aplicación de las leyes municipales en Chile y para el futuro administrativo de La Higuera.

Polémica contratación del abogado Banda Miranda

El 4 de octubre de 2023, Yerko Galleguillos contrató con cargo municipal y a nombre de la municipalidad al abogado José Miguel Banda Miranda, domiciliado en la ciudad de Rancagua, otorgándole mandato judicial ante la notaria pública María Láscar Merino, de la 38° Notaría de Santiago. El mandato quedó registrado con el repertorio número 43025-2023. Sobre la situación contractual de Banda Miranda con la Municipalidad de La Higuera no hay claridad. En la última sesión del concejo municipal, el concejal Óscar Avilez preguntó al jefe de Finanzas respecto a esto, sin embargo no hubo respuesta.

Situación en La Higuera

En paralelo, La Higuera enfrenta graves problemas financieros, incluyendo el embargo de la subvención escolar destinada a la comuna, lo que compromete la calidad educativa de los niños y niñas locales. La gestión del alcalde Yerko Galleguillos ha sido criticada por falta de transparencia y múltiples órdenes de arresto debido a deudas municipales, mientras que la oposición había sido acusada de inacción frente a esta crisis.

Este recurso se presenta en un contexto de creciente preocupación y movilización dentro de la comunidad. La candidata a alcaldesa por la izquierda, Uberlinda Aquea, rompió el silencio, criticando y denunciando públicamente la gestión actual, y prometiendo un cambio de dirección política para abordar los desafíos urgentes que enfrenta la comuna.